El Juzgado de lo Penal correspondiente de Madrid acuerda que sea absuelta delito contra la propiedad intelectual e intrusismo profesional nuestra representada al no probarse su participación en la venta de falsificaciones ni en prácticas de intrusismo profesional.

En 2022, la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional intervino un local en el distrito de Usera (Madrid), donde presuntamente se comercializaban productos falsificados de marcas de lujo (como bolsos y calzado) y cosméticos sin autorización sanitaria. La investigación derivó en la imputación de nuestra clienta, propietaria del local, por tres delitos graves:

• Contra la propiedad industrial (Art. 274 del Código Penal).
• Contra la salud pública (Art. 368 del Código Penal).
• Intrusismo profesional (Art. 403 del Código Penal).

La acusación, ejercida por el Ministerio Fiscal y respaldada por empresas afectadas (como Louis Vuitton), argumentaba que nuestra representada debía conocer las actividades ilegales por el simple hecho de ser la titular del arrendamiento. Sin embargo, Ospina Abogados, bajo la dirección de Juan Gonzalo Ospina, demostró que no existían pruebas directas que vincularan a la acusada con los hechos.

ESTRATEGIA LEGAL: ¿CÓMO LOGRÓ SER ABSUELTA DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INTRUSISMO PROFESIONAL?

El equipo de Ospina Abogados diseñó una defensa basada en tres pilares clave:

• Se probó que la acusada no gestionaba el local, sino que lo había arrendado a un tercero.
• Los contratos de alquiler y las declaraciones de testigos confirmaron que su rol se limitaba a cobrar el alquiler, sin intervención en la operación del negocio.
• Además esta tenía una ausencia de conocimiento de las actividades ilícitas al no existir comunicaciones, órdenes o registros que demostraran que supiera que en el local se vendían productos falsificados.

La fiscalía se basó en presunciones (“debía saberlo”), pero como abogados penalistas recordamos que, según la Sentencia del Tribunal Supremo 123/2020, la duda debe beneficiar al acusado.

La acusación intentó imputar responsabilidad a nuestra clienta por no supervisar el local, pero argumentamos que no existe obligación legal para los arrendadores de fiscalizar a sus inquilinos. Así el El tribunal citó la STS 456/2019, que establece que la mera titularidad de un local no genera responsabilidad penal sin prueba de participación activa.

UN TRIUNFO PARA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El Juzgado de lo Penal Madrid declaro que sea absuelta delito contra la propiedad intelectual e intrusismo profesional a nuestra representada de todos los cargos por las siguientes razones:

• Falta de pruebas directas: No se acreditó que conociera o participara en las actividades ilícitas.
• Error en la aplicación del dolo eventual: La fiscalía no demostró que la acusada asumiera el riesgo de que se cometieran delitos en su local.
• La titularidad del local no implica responsabilidad penal: El juez recordó que, según la STS 123/2018, “la propiedad de un inmueble no convierte al titular en cómplice de los delitos que allí se cometan, salvo prueba en contrario”.